Avalancha Legislativa

Este año 2016, se han aprobado algunas leyes, que aportan de manera sustancial a la consolidación de poderes en manos del ejecutivo.

Si bien algunas de estas han permanecido algún tiempo en la Asamblea, parecería que la necesidad de aprobación de leyes se ha venido como una verdadera avalancha, o como un tsunami posterior a un terremoto.

La Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, es la primera, cuya aprobación se da a inicios de año, luego de un periodo bastante largo de tiempo y como es de esperarse, le da competencias a la Autoridad Agraria Nacional, que aparentemente es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, que van desde determinar el qué y donde producir, determinar cuáles deberían ser los parámetros de productividad que se deberían tener, e incluso la potestad, de que si estas características determinadas por la misma autoridad no se cumplen, poder "afectar" la tierra y redistribuirla hacia nuevos productores.  Una competencia adicional que le da esta Ley, claro de carácter orgánica, es la de ser la rectora sobre las decisiones de uso de suelo rural por sobre los GAD´s Municipales, tema que ha pasado aparentemente desapercibido y que en expresa contradicción a la Constitución vigente, superpone competencias exclusivas.

Luego, se envió desde el ejecutivo una ley, con carácter de Económico Urgente, para tratar reformas a leyes laborales, mas orientada a sostener el empleo, situación que no se está dando.  Lo que si llamo mucho la atención en la lectura inicial de la ley, es la falta de una motivación legal, para que una reforma al código del trabajo, tenga calificación de económico urgente.  Esta ley plantea la posibilidad de reducir la jornada laboral sustentada en problemas económicos causados por la crisis actual.  De igual manera abre puertas para extender la jornada en más horas y menos días; sin embargo el atractivo de la propuesta estaba en el Seguro de Desempleo, ya que era evidente y prevista una desvinculación laboral masiva, tanto desde lo privado como desde lo público.  Y es precisamente en el Seguro de Desempleo donde aparece la motivación económica, cuando se cambia el nombre de la Cesantía por Seguro de Desempleo y del monto total, se deriva un 33.33% de este fondo de los trabajadores, al Banco del IESS para que lo pueda utilizar en crédito productivo (según hemos aprendido, los bonos del Estado, son MUY productivos, ya que varias decenas de millones en eso se han utilizado).

Luego, pese a la crisis económica, y con el ánimo de "cuidar la salud" se implementan nuevos impuestos para las bebidas azucaradas, lo que ya advierte una afectación a toda la cadena agroalimentaria del azúcar, desde la producción de caña, agroindustria, llegando hasta las tiendas, que de manera importante tienen sus ingresos de la venta de gaseosas.  Se da un impulso importante para el uso del Dinero Electrónico; medio de pago utilizado en otros países y donde se lo ha administrado por parte del sector privado, y mecanismo que, pese a todo lo que se ha dicho, no ha obtenido el beneplácito de la Confianza del ecuatoriano.  Se incrementa impuestos a otros productos, como cigarrillos, alcohol, cerveza, telefonía para sociedades y televisión pagada.  Y para concluir, esta ley prevé también la posibilidad de reducción de los presupuestos establecidos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  Todos en nombre de cuidar la salud; solo que La Salud de la Caja Fiscal, ya que la salud de los ciudadanos se cuida generando la información oportuna, adecuada y veraz.

El terremoto del 16 de abril del presente año, genera dos sismos legislativos muy importantes, desentierra uno y genera otro.

Se desentierra la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo, la misma que si bien tiene un nombre similar al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, no hay que confundirlos.  El recientemente aprobado texto, si bien en su articulado hay normas relativamente interesantes sobre lo que deberían plantearse como políticas, terminan materializándose como normas, con las respectivas sanciones desde una nueva institución, una Superintendencia, que es quien terminará definiendo, por sobre las competencias exclusivas dadas por la Constitución a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la gestión, ordenamiento territorial y uso de suelo.  Esta superintendencia es la que, ante posibles incumplimientos, podrá considerarse como la Inquisición del siglo XXI para todos aquellos alcaldes considerados herejes que no acaten las normas supremas emanadas de la autoridad, de la misma forma que a la usanza de la Santa Inquisición se lo realizaba en los años de 1200, en plena época medieval.

Y para concluir, sin ser la de menor impacto, y con un nombre muy rimbombante, se aprueba le Ley Solidaria para compensar y reconstruir las zonas afectadas por el Terremoto, ley que ante la inestabilidad económica de los ciudadanos, plantea un sismo tributario con la elevación de 2 puntos adicionales del Impuesto al Valor Agregado, impuesto que a decirse en el libro del Economista Rafael Correa, plantea ser un impuesto regresivo, que en palabras criollas significa, que afecta más a quien menos tiene.  Adicionalmente implementa un impuesto al patrimonio para personas naturales de 0,9% y de 1,8% para empresas y sociedades, desconociendo el concepto que Patrimonio NO es Liquidez, un aporte solidario desde los empleados en relación de dependencia variable de acuerdo al sueldo, en número de aportaciones y concluye con un aporte adicional con carácter de retroactivo sobre las utilidades generadas en 2015, de 3% sobre la base imponible de pago para el ejercicio fiscal.  Lo que aparentemente se cayó, quizá por efectos del terremoto, es el aporte gubernamental, ya que la propuesta de venta de activos del ESTADO parecería que los considera como propios y no activos de todos los ecuatorianos.

Como rápidas conclusiones podríamos decir, menos plata para los ciudadanos, menos plata para los gobiernos locales, derivándose en más recursos y más poder para el Gobierno Central.